En tiempos de crisis, es tentador creer que el carisma o la “mano dura” sustituye a las instituciones. Pero la historia enseña lo contrario: cuando las reglas se debilitan, el país no gana libertad; gana incertidumbre. Y la incertidumbre es el impuesto más duro para el ciudadano común: suben los riesgos, se encarece la vida y se rompe la posibilidad de planificar.​

La institucionalidad no es un concepto abstracto: es el sistema operativo de una nación. Es justicia que funciona, reglas previsibles, organismos que no se arrodillan ante el poder y procesos que se pueden auditar. Cuando ese sistema se vuelve discrecional, el costo lo paga el emprendedor, el trabajador, la familia que ahorra y el joven que quiere futuro.​

Por eso el “retorno a las reglas” es una agenda de supervivencia nacional. No se trata de tecnocracia fría; se trata de devolverle al ciudadano una base mínima de estabilidad para vivir sin miedo y para crecer. La institucionalidad es, en esencia, dignidad práctica.​

Reconstruirla exige liderazgo con firmeza ejecutiva: decisiones impopulares cuando toca, combate frontal a la captura y la corrupción, y un estándar de transparencia que no dependa de la presión mediática, sino de mecanismos permanentes.​

Lo que fortalece institucionalidad

  • Independencia y meritocracia en entidades clave.​

  • Procesos auditables y transparencia real (no solo comunicados).​

  • Cultura de consecuencias: reglas que se cumplen.​