Una democracia no se mide solo por elecciones y constitución. Se mide por la capacidad real de proteger derechos y garantizar igualdad sin miedo. Cuando la mitad de la población vive expuesta a violencia y exclusión, la legitimidad del sistema se erosiona desde su raíz.

La violencia contra mujeres, niñas y adolescentes no es un asunto privado: es un indicador de falla institucional. Si denunciar revictimiza, si la justicia es lenta y si los casos se archivan, el Estado envía un mensaje devastador: hay vidas menos protegidas que otras. Esa impunidad no es “detalle”; corroe el pacto social.

La exclusión también es estructural. La brecha educativa y de servicios golpea con más fuerza a mujeres y zonas rurales. Y en comunidades indígenas se suma una triple vulnerabilidad: género, etnia y pobreza. Allí, la democracia se percibe como un idioma ajeno, una promesa distante.

Lo ético es político. Un país que normaliza la violencia y la marginación se vuelve frágil, inestable y desconfiado. La reparación democrática pasa por justicia con perspectiva de género e interculturalidad, y por políticas públicas que devuelvan seguridad, voz y dignidad a quienes han sido históricamente excluidas.

Qué cambia el rumbo

  • Prevención y sanción efectiva: cero tolerancia a la impunidad.

  • Servicios y educación con enfoque territorial.

  • Instituciones que protejan, no que cuestionen a la víctima.